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Qui dia passa any empeny

El dia a dia del “procés” se parece mucho más al “Cor de la ciutat” que a cualquier proceso político donde suceden cosas más allá de los requiebros discursivos de unos y otros. A primera vista el acuerdo de investidura entre Junts Pel Sí y la CUP podría ser el capítulo 1714 de la telenovela, al nivel de las “Cimeras” previas al 9N. Pero, si se intenta separar el grano de la paja parece que tiene consecuencias políticas reales y no demasiado positivas.

Que la CUP acepte un acuerdo como este  es un nuevo triunfo de las tesis transversalistas. Es decir, de ese conjunto de posiciones políticas según las cuales el independentismo debe ser presuntamente “neutro” ideológicamente para agregar el máximo de gente o que el conflicto entre clases y entre proyectos se tiene que dejar para el día 1 de la República Catalana. En la práctica lo que supone el transversalismo es no conectar el independentismo a las necesidades sociales de la mayoría y continuismo neoliberal en la política económica y social de la Generalitat.

Además, esta estrategia se ha estampado contra las urnas una y otra vez: primero, con la desaparición de Solidaritat Catalana per la Independència del Parlament, en las europeas con el sorpasso de ERC a CDC, en las municipales y en las generales con la irrupción de los ‘Comuns’ y en las catalanas con, por un lado, con el resultado de Junts Pel Sí por debajo de la mayoría absoluta, el 47% de las opciones independentistas y Ciutadans aupados como segunda fuerza por la lógica plebiscitaria.

La polarización en clave independencia sí/independencia no maximiza los resultados independentistas pero a la vez también los unionistas y reduce el espacio de las fuerzas a favor del derecho a decidir. En cambio, cuando en las elecciones se discute de proyectos políticos de conjunto las fuerzas populares y soberanistas (independentistas o no) salen mejor situadas.

Desde 2012 la hegemonía de CDC dentro del movimiento soberanista ha sido frágil pero han conseguido controlar los ritmos gracias a sus enormes recursos mediáticos, institucionales y de anclaje en “la sociedad civil” y ganar oxígeno a base de dilatar el momento de choque frontal con el régimen. Especialmente, ha habido dos situaciones que representaban una puerta abierta a reconfigurar el proceso soberanista, que actores participan de este y con que papel: el referéndum del 9N y el actual debate de investidura con la hipótesis de anticipadas en marzo.

Estas dos crisis se han resuelto con soluciones bizarras de última hora dónde CDC sale reforzada o por lo menos evita un desgaste mucho mayor, la CUP queda absorbida dentro de un abrazo del oso y la izquierda social y política juega (podríamos decir que voluntariamente) un rol pasivo.

¿Por qué esta valoración del acuerdo? Primero (y quizás lo más importante), el independentismo continúa teniendo un 48% de apoyos y el acuerdo legítima la lectura de que se ganó el plebiscito. Por lo tanto, el referéndum de autodeterminación se considera una pantalla superada. Esta lectura, junto con el terror de las posiciones mayoritarias del independentismo a unas nuevas elecciones por la posibilidad de perder apoyos, supone un giro antidemocrático y nacionalista respecto a las posiciones (ni que sea retóricas) mayoritarias hasta ahora. La campaña de presión contra la CUP ha sido toda una exhibición de clasismo, etnicismo, machismo… rasgos que se suelen atribuirse desde el soberanismo a la cultura política del Estado Español.

Además, el acuerdo mantiene el chantaje como principal herramienta política de CDC para controlar los ritmos del proceso y mantenerse en el poder. Se consolida tras la negociación también esa norma no escrita por la que quien esté “dentro” del proceso soberanista no puede estorbar a los convergentes, a riesgo de transformarse inmediatamente en agente del CNI.

Existe una justificación política ampliamente difundida (sobre todo en ERC) que se plantea en los siguientes términos: “CDC no es independentista, sólo lo es coyunturalmente para mantenerse en el poder. Si deja de permitirle estar en el poder dejará de serlo. Sin CDC es imposible una mayoría independentista. Por lo tanto, hay que dejarles liderar”. Sin embargo, la mayoría del país se identifica de izquierdas y soberanista por lo que parece obvio que un liderazgo de la derecha es un obstáculo precisamente para una mayoría a favor de la ruptura con el Estado.

Otra situación que debilita las posibilidades del independentismo viene de largo: la pérdida de iniciativa y de agenda propia del “movimiento”. La gestión del proceso está cada vez más encerrada en el Parlament, más aún desde que ANC y Omnium aceptaron formar parte de Junts Pel Sí. Más institucionalización y más liderazgo de CDC quiere decir más posibilidades de cierre por arriba de la crisis de régimen. Es decir, más posibilidades de que las masivas movilizaciones terminen con una concesión del Estado a nivel competencial y simbólico. El camino de la autoreforma del régimen es más llano si la política y el conflicto solo se expresan en las instituciones.

El texto del acuerdo también refuerza la tesis central del transversalismo: el primero la independencia y luego ya veremos. El discurso de la necesaria estabilidad parlamentaria y la gobernabilidad para avanzar supone en la práctica un tapón para la crítica a las políticas antisociales de la Generalitat y sobretodo para la movilización social. En los últimos años hemos visto como “el procès” era el arma arrojadiza para justificar privatizaciones, recortes y dilaciones también en la resolución de la cuestión nacional.

Desaprovechadas las oportunidades para reconfigurarlo, el terreno de juego del “procesismo” es cada vez es más estrecho. ¿Será capaz la CUP de romper el pacto de estabilidad parlamentaria si se presentan unos presupuestos antisociales, se esfuma el descafeinado plan de choque o si se retrasa el supuesto proceso de desconexión como ya ha planteado Puigdemont? ¿O CDC conseguirá imponer de nuevo su agenda a todos los actores y aislar a la CUP presentándola como una traidora sectaria?

La experiencia de los dos 9N (el referéndum que pudo ser y no fue y la declaración que no reconocía al Tribunal Constitucional pero por la que se presentó un recurso a este) apuntan a que difícilmente va a haber un choque frontal con el Estado en los próximos 18 meses. CDC vive de un sainete de declaraciones y gestos que no se materializan. Esto les permite manterse al frente del proceso, pero a la vez les lleva cada vez más a una situación difícilmente reversible.

¿Cómo salir del bloqueo del “procesismo”? ¿Cómo impulsar una salida a la crisis social, democrática y nacional favorable a las clases populares catalanas? No hay certezas. Lo que sí que parece claro es la necesidad de impulsar un actor político soberanista que sea autónomo de la lógica procesista. Las elecciones generales dibujaron la posibilidad de que En Comú Podem juegue ese rol. Sin embargo, no basta con una plataforma electoral. La apuesta tiene que ser construir un partido-movimiento con implantación en la sociedad y que impulse las movilizaciones.

Los próximos meses será muy difícil encontrar el equilibrio entre la defensa del derecho a decidir contra un estado autoritario y antidemocrático y las críticas necesarias al proceso constituyente en marcha (si lo está) y sus insuficiencias. Sobre todo porque CDC juega intencionadamente a mezclar el derecho a decidir con proyectos neoliberales como el diseño de la Hacienda catalana o del cuerpo de funcionarios con criterios laboralmente más regresivos que los de la administración española. Es decir, evitar que el neoliberalismo despegue su programa bajo el paraguas de “la desconexión” y el consenso pero defendiendo en la práctica la soberanía de Catalunya. En definitiva, defender un proyecto propio con capacidad de ser mayoritario que pivota en torno a: un proceso constituyente catalán no subordinado, participativo y popular, un plan de choque que realmente responda a la emergencia social y un referéndum unilateral de independencia.

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Esta entrada fue publicada en enero 15, 2016 por .

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